Sin que nadie se atreviera a explicarle al secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, que Embraer es desde hace varios años una empresa privada, el funcionario aseguró a través de la agencia Télam y sin posibilidad de repregunta, "que se trató de una operación país-país, entre dos empresas estatales, por lo que se concretó en los montos que deben ser; para nosotros, sumamente convenientes".Schiavi respondía de esta manera a La Nación, que en una nota había informado "sobre nuevos indicios que estaría obteniendo la Justicia para investigar si hubo sobreprecios en la adquisición de las aeronaves brasileñas".
El funcionario se quejaba que el matutino le daba más crédito "a un denunciante público, como Ricardo Monner Sanz, que hace referencia a datos sin revelar su origen, que a lo que había expuesto el gobierno públicamente ante los legisladores, no sólo del oficialismo sino de toda la oposición".
La investigación sobre supuestos sobreprecios en la compra de 20 aviones para Austral está a cargo del juez federal Sergio Torres, que habría ordenado un allanamiento a las oficinas centrales de Aerolíneas a principios de este mes.
La discusión ?
se habla de un sobreprecio de ente 68 y 122 millones de dólares en el total de la operación?
no estaría tanto en el costo del avión en sí mismo sino de los adicionales que habrían sido pedidos "para recuperar el segmento de clientes corporativos, que Aerolíneas y Austral perdieron durante el período de desfinanciación que trajo aparejada la administración anterior".
Mientras Monner Sanz intenta demostrar que el equipamiento adicional que se habría pedido para los Embraer y que implica un 20% de incremento en el costo de cada avión, no sería tal, sino el normal en estos casos, el juez Torres buscaría a través de algún perito del sector aeronáutico determinar cuál es el precio válido de mercado de esos aviones
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