Tras denunciar una "asociación ilícita" entre funcionarios y sindicalistas para impedirle seguir volando, Aerovip comenzó a planificar su nuevo plan de negocios, que incluiría una reducción de la estructura y el despido de unas 60 personas.La semana pasada la aerolínea había presentado una denuncia ante el juzgado de Norberto Oyarbide contra el presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Jorge Pérez Tamayo, y las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por asociación ilícita y abuso de autoridad para impedirle competir en rutas que también opera Aerolíneas Argentinas.
En particular, no le otorgaron el certificado para explotar los servicios aéreos (CESA) correspondientes a los vuelos regulares a Montevideo y Punta del Este. Entre la estructura montada para desarrollar ese negocio, la firma -que pertenece en un 60% al fondo inversor Leadgate y en un 40% a la familia de Carlos Avila- había adquirido por leasing una aeronave Bombardier CRJ 900, con capacidad para 90 pasajeros (en lugar de los 19 que le había autorizado la ANAC previamente).
"Esta situación nos obliga a cambiar el plan de negocios -contó a La Nacion Diego Avila, accionista y director de la empresa-. No podemos mantener un avión de semejante costo. Tendremos que recurrir a achicar la compañía y aguantar con los permisos que sí nos dieron [vuelos chárteres de menor capacidad y otras rutas menos rentables]. Tendremos que salir a buscar un avión que se adapte a esos servicios."
El empresario, hijo del creador de Torneos y Competencias, estimó que por la negativa de la ANAC a darle el permiso de vuelo la compañía había perdido cerca de un millón y medio de dólares. El avión sin volar tiene un costo mensual de US$ 300.000 (y van cuatro meses desde que lo trajeron), a lo que hay que sumar US$ 40.000 por mes de salarios y US$ 200.000 de capacitación al personal. "Y, además, los despidos que voy a tener que hacer, unos 60", completó Avila hijo.
Tal como figura en la denuncia ante la justicia federal, el accionista de Aerovip insistió en que la excusa que le dieron en la ANAC para negarle el permiso fueron "las presiones de Pérez Tamayo". Consultados por La Nacion, voceros de APLA rechazaron las acusaciones, pero declinaron hacer comentarios.
Tampoco en la ANAC quisieron hacer comentarios y se limitaron a exhibir la respuesta que presentaron en sede judicial. Allí argumentan que se resolvió la nulidad parcial de la resolución 619 del 13 de julio último porque no se habían cumplido todas las verificaciones necesarias. Por medio de aquella resolución, el anterior jefe de la ANAC, Rodolfo Gabrielli, había concedido el permiso pedido por Aerovip. Pero su sucesor, Alejandro Granados (hijo) dio marcha atrás antes de que el CESA fuera expedido.
"No se han analizado -con carácter previo a la ampliación aerocomercial otorgada- ni la capacidad técnica ni la capacidad económico financiera que exige el Código Aeronáutico para el otorgamiento de autorizaciones para explotar servicios aéreos", se explica en un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Controla el 40% de Aerovip
El costo de no volar: un avión en tierra pierde por mes US$ 300.000 más US$ 40.000 en salarios.
Sin trabajo: Aerovip anticipó que tendrá que desprenderse de 60 trabajadores.
Fuente: Gentileza Carlos Tribelhorn
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