El Gobierno quiere continuar su obra estatizadora y prepara el próximo zarpazo: la expropiación de Aerolíneas Argentinas y de Austral. En esa dirección trabajó en los últimos días la Secretaría de Transporte, que conduce Ricardo Jaime, uno de los funcionarios de mayor confianza de Néstor Kirchner. El ex presidente ya tomó la decisión y evalúa ahora en qué momento darla a conocer. Será la primera expropiación de una empresa privada en la era kirchnerista.
El cronograma gubernamental ubicaba anoche el anuncio entre mañana y el lunes próximo. La pretensión provoca resquemores en el gobierno español, atento ayer, durante toda la jornada, a estas contingencias. ?Fue un día de rumores, no tengo nada que contestar a eso?, respondió, terminante, el embajador Rafael Estrella ante la consulta de este diario.
Al cierre de esta edición, Jaime buscaba el momento de encontrarse en Olivos con Kirchner para terminar los detalles de la operación. Rafael Llorents, subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Planificación, y Alessandra Minnicelli, asesora ad honorem de esa cartera y casada con el ministro Julio De Vido, fueron los diseñadores jurídicos del proyecto, según confirmaron a LA NACION varios actores involucrados en la negociación.
"El acuerdo con Marsans se agotó por el paso del tiempo", dijeron ayer en el Gobierno. Marsans es el grupo español que controla Aerolíneas Argentinas y Austral, que firmó el 17 de julio pasado un acta con el Poder Ejecutivo para cederle las operaciones y la recaudación de ambas compañías.
La versión oficial es que la propia Justicia considera nula el acta. Lo prueban, sostienen, dos recientes iniciativas judiciales de la oposición. Primero, la medida cautelar dictada sobre una presentación del diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica), que ordena a los directores del Estado no votar los balances de 2007 y 2008 sin una revisión de la Auditoría General de la Nación. ?Eso está previsto en la ley aprobada en el Congreso, no en el acta acuerdo ?dicen en el Gobierno?. Quiere decir que el acta ya no rige.?
La otra justificación gubernamental es una presentación del senador radical Gerardo Morales para que la Justicia suspenda la aplicación de la cláusula 6a. incluida en el referido acta que versa sobre la forma de valuar la compañía. Si cae el sistema de valuación cae el acta, razonan en el Ministerio de Planificación.
Así, en la Casa Rosada se le quiere dar a la expropiación un barniz de legalidad. El primer paso, de todos modos, sería una intervención por incumplimiento del Código Aeronáutico, que indica que el Estado debe velar por el cumplimiento del servicio. De todos modos, como todas las decisiones que ha tomado el Gobierno en los últimos años, la cobertura jurídica es lo menos importante. La expropiación se anunciará, como primera medida; después se verá qué conviene, si ley o decreto.
En Marsans afirman que se está interpretando la ley equivocadamente. ?El texto habla de un rescate del Estado en la medida en que no haya acuerdo, no de expropiación?, se quejaron ayer.
Las posiciones están, pues, más lejos que nunca. El Gobierno quiere ir por todo y Marsans busca llevarse algo. Hace una semana, por orden de De Vido, Aerolíneas suspendió por 30 días a su gerente de Asuntos Públicos, Jorge Molina. A De Vido no les gustan los voceros extravertidos (de hecho los suyos rara vez contestan una llamada periodística) y considera que Molina habló de más en las últimas semanas. No todo es tan ordenado y unívoco en Aerolíneas: el directivo fue restituido ayer en el cargo por el directorio de la compañía.
Por lo demás, las diferencias sobre el valor del activo están intactas. Sustentado en una evaluación del Tribunal de Tasación, el Gobierno dice que, si se descuenta la deuda, Aerolíneas y Austral tienen valor neto negativo: 600 millones de dólares. Marsans, en cambio, sobre la base de un estudio del banco Credit Suisse, afirma que el valor de la ex línea de bandera es de 60 millones de dólares, y el de Austral, de entre 280 millones y 430 millones.
Jaime tiene previsto reunirse hoy con la comisión bicameral del Congreso, donde podría comunicar la decisión de la expropiación.
Al igual que De Vido con los voceros parlanchines, en el Gobierno estaban ayer preocupados porque sabían que la noticia había trascendido a los medios. La Casa Rosada está, de todos modos, a mitad de camino de un plan cuya concreción anhela concretar desde hace varios años. En Aerolíneas el Tesoro ya gastó más de 600 millones de pesos en los últimos tres meses para las operaciones. ¿Cómo no pensar en terminar el trabajo? La postura, vale aclarar, no se circunscribe sólo al sector aéreo: el Gobierno tiene intenciones similares con compañías de sectores que juzga clave. No en vano, ayer, muchas de las empresas españolas con inversiones en el país eran un revuelo.
La presidenta Cristina Kirchner se aproxima así, probablemente, a otro encontronazo con el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION
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