24 mayo 2010

En materia de Politíca Hidrocarburífera de TDF, no todo es como lo plantea el Ing. Oscar Suárez.

Hay ciertos funcionarios que se "acomodan" muy bien a determinados roles de gestión y lobby en Buenos Aires y desde allí hacen gala de sus influyentes "contactos", pero a la hora de justipreciar un balance de gestión quedan muchas asignaturas pendientes. Pero lo grave es que cuando pierden esa condición "política", comienzan a desprestigiar al Gobierno de Turno, con verdades parciales y "saudades". (JOH)

Dice la crónica fueguina (Blog):

El ingeniero Oscar Suárez, representante de la provincia ante la OFEPHI y designado secretario ejecutivo del comité de ese organismo, deberá dejar su lugar para darle paso a Ricardo Saporiti (ver).

La decisión fue tomada por la gobernadora Fabiana Ríos, mediante el decreto 1221, que determina el reemplazo “con el objeto de optimizar la gestión”.

Suárez es planta permanente del gobierno y deberá retornar a la provincia, pero no lo hizo en silencio. Tras haber estado más de treinta años vinculado al tema hidrocarburos, dio a conocer gruesos errores en la Secretaría de Hidrocarburos, deudas sin reclamar por mas de 144 millones y debilidad ante la renegociación de contratos petroleros, por varios condicionamientos de la provincia y por incapacidad propia de los funcionarios, (nota audio). Si bien aseguró que no lo sorprendió la noticia, puesto que pensó que iban a separarlo del cargo el año pasado, advirtió la pérdida de un lugar estratégico que tenía Tierra del Fuego dentro de la OFEPHI, y que difícilmente pueda ocupar Saporiti. También dio a conocer los reproches que le formuló la mandataria por su postura frente al convenio chino:


El año pasado, en la reunión de gobernadores de Bariloche, la gobernadora intentó hacer eso, habrá visto que la organización funcionaba y demoraron esa decisión. Posteriormente a esa reunión de Bariloche hubo varias reuniones de comité ejecutivo, la organización seguía funcionando perfectamente bien, los representantes estaban conformes.

La gobernadora, en la reunión de Bariloche, hizo reproches básicamente por el convenio chino, como que yo había generado una situación complicada en la provincia con los organismos de contralor. Yo dije que no era así y que las veces que había opinado lo había hecho profesionalmente y nunca utilizando la organización. Siempre traté de opinar como profesional de experiencia”, subrayó.

También admitió que es pública su opinión sobre la política hidrocarburífera que se está llevando adelante en Tierra del Fuego. “Sigo sosteniendo lo mismo, que se ha hecho todo al revés desde el inicio de la gestión hasta ahora”, remarcó, considerando que la decisión de su apartamiento por parte de la gobernadora “es legal y correcta desde mi punto de vista, porque pensamos de maneras totalmente distintas”.

Asimismo, mencionó que “en ninguna parte del decreto dice que me remueve por no haber defendido los intereses de la provincia. Evidentemente no lo puede decir, porque si no, lo hubiera dejado escrito”.

Por lo tanto atribuyó la decisión a una causa “política, porque no estoy de acuerdo con la manera que están llevando adelante la política en la provincia”.

Secretaría perdida

Con respecto al cargo que tenía en la OFEPHI, sostuvo que no lo podrá tomar Saporiti, puesto que fue fruto de una elección de sus pares y probablemente recaiga en un representante de Chubut.

“Mi cargo no es político. La organización es política y está formada por las diez provincias productoras. Normalmente el cargo de secretario ejecutivo y adjunto lo tiene que tener la misma provincia de la cual es presidente la organización. Hoy está a cargo de la presidencia el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, y Chubut no tiene ningún cargo ejecutivo en este momento. La OFEPHI funciona con dos estamentos, que es la junta de gobierno, los gobernadores; y el comité ejecutivo, que son cargos técnicos. Puede haber algunos niveles políticos pero con orientación técnica, porque vienen del sector de los hidrocarburos. Ese comité ejecutivo sería como un nexo entre las diez provincias, y el coordinador es el secretario ejecutivo”, cargo que ostentaba Suárez hasta su remoción. Recordó que quien lo precedió en ese cargo fue el actual secretario de Energía de la Nación, el Ing. Cameron, quien debió dejarlo para cumplir su nueva función.

Me lo ofrecen a mí por una cuestión de experiencia y que me conocían, hubo una elección de todos los representantes, por una cuestión de trayectoria, aunque a la provincia no le correspondía, porque dentro de las provincias productoras estamos sextos o séptimos; pero en ese momento hubo un reconocimiento a una trayectoria”, reiteró.

Lamentó que con esta determinación la gobernadora “pierde un cargo importante, estratégico para la provincia, porque al ingeniero Saporiti no sé si lo van a elegir secretario ejecutivo. La semana que viene tendremos la reunión y ahí se decidirá el secretario ejecutivo, pero va a ser complicado que Tierra del Fuego sea electa de nuevo. La gobernadora va a tener que salir a dar explicaciones de por qué perdió un cargo estratégico para la provincia”, enfatizó.

Persecución y desgaste

Con una vehemencia notable, Suárez dio a conocer una serie de maniobras persecutorias del gobierno del ARI desde que asumió la gestión.

“Me vienen desgastando desde hace dos años, me han venido persiguiendo, a principios de año me sacaron el cargo que tenía como planta permanente de la provincia, tuve que presentar un recurso jerárquico y lo tuvieron que devolver. Me hicieron ir a la provincia y me tuvieron hueveando (sic) de un lado para otro sin darme ningún tipo de función, sin prácticamente atenderme siquiera”, dijo.

Acusó de esta actitud tanto al secretario como al subsecretario de Hidrocarburos, y apuntó que “la semana pasada me hicieron ir catorce días y al día quinto o sexto recién lo vi al secretario, que me comentó de este decreto. El día anterior al venirme (a Buenos Aires), a las cinco de la tarde me notifican del decreto y no estaba ninguno de los dos funcionarios en la provincia, que no vuelven hasta la semana que viene. Me pregunto quién maneja la secretaría en la provincia, porque puedo asegurar en esos quince días que estuve ahí que eso realmente es un caos, no hay cabeza, no hay quién baje línea a la gente, que no tiene misiones ni funciones”, aseveró.

Suárez se remitió a consideraciones que ya había hecho públicas, y agregó otras nuevas sobre el manejo del área: “Esto se hizo mal desde el principio, se tendrían que haber renegociado los contratos al inicio de la gestión, y al incorporar diez años de reserva a las empresas íbamos a tener un 3% como mínimo de regalías, más un canon anticipado y a su vez un mejor precio en el gas. Ahora volvemos sobre lo mismo. Este registro que abrieron es más de lo mismo. Es más, es el mismo precio que el año pasado”, dijo.

En cuanto a las críticas por su aparición en los medios, añadió que para evitarlas mandó “un informe ultrareservado al secretario, indicándole la inconveniencia de lo que están haciendo nuevamente con la industrialización, de la manera que lo están encarando. Le mandé un análisis económico actualizado al año 2009 a D’Andrea, que no sé si se lo habrá dado a la gobernadora. Me gustaría transparentar por qué no hacen público esto, o que lo debatamos públicamente”, instó.

Se negó a entregar a la prensa el informe, en función de las persecuciones de las que fue objeto porque “después de esto a mí no único que me queda es que me hagan un sumario, y el informe puede ser considerado información reservada”, explicó.

Deudas sin reclamar

Por otra parte cuantificó en 114 millones la deuda que la provincia no reclama a las empresas, en concepto de regalías mal liquidadas. “Esto es así, y se lo dije al secretario. El secretario tiene en su escritorio un informe que dice que se deben reclamar por regalías mal liquidadas más de cien millones de pesos. Es por la venta del gas de exportación a Chile: cuando se exportaba a Methanex, ellos pagaban un poco menos de dos dólares con cincuenta y el valor que había fijado el gobierno nacional por el cual cobraba retenciones, de acuerdo a la ley de emergencia económica, se tenía que cobrar 5 dólares el millón de BTU. Ahí ya tienen una deuda con intereses, sin punitorios, de alrededor de 80 millones de pesos. Después hay otra deuda por el valor del LPG de cuenca que liquidaba a un valor menor al informado por la Secretaría de Energía. Hay otra deuda por gastos de compresión, porque a partir del año 2007 por la ley corta no se tienen que hacer gastos de compresión del gas. Después hay una deuda por valor del precio del petróleo. Eso hace un número de alrededor de 114 millones de pesos, con intereses. Y no lo quieren reclamar”, aseguró.

Consultado sobre los motivos para no hacer el reclamo, dijo que “habría que preguntarle a D’Andrea por qué no lo quieren reclamar. Lo que puedo decir es lo que me parece que tendrían que hacer. Evidentemente hay una situación de debilidad en una negociación, que es complicado para la provincia, porque vamos a negociar algo tan importante como los contratos petroleros, y a dar un marco jurídico hasta el año 2027 en el mejor de los casos y en el 2031 en el otro, con cuadros técnicos que no están a la altura de las circunstancias”, manifestó.

Advirtió que negociar en estas condiciones “flaco favor le hace a la seguridad jurídica de la provincia, porque me parece que el próximo gobierno que venga, va a tener que revisar estas cosas que están mal hechas”.

Pérdidas millonarias

En cuanto al dinero que se pierde por una mala negociación, se remitió a los pasos dados por otras provincias productoras, que lograron subir un 3% y establecer ese piso mínimo: “Un 3% sobre un 12%, es un 25% más. La provincia hoy está recibiendo 20 millones de pesos de regalías, serían cinco millones más, multiplicado por doce meses, son 60 millones; y multiplicado por dos años y medio, 140 millones”, calculó, dando una cifra de dinero perdido por la demora en la renegociación.

Agregó que a esto se debe sumar el “canon anticipado que tendrían que pagar las empresas, de acuerdo al valor de un año de producción, que puede andar en los 60 millones de dólares”, dijo, aclarando que las regalías las cobramos en pesos, y el canon anticipado en dólares.

“Esto se tendría que haber hecho ayer, si se hubiera hecho al principio de la gestión lo estaríamos cobrando. Día que se pierde de la negociación, se pierde de cobrar regalías anticipadas. Me parece que no estamos en las mejores manos para que esto se haga”, insistió.Entre deudas sin reclamar y pérdidas por demoras, la cifra ronda los 500 millones de pesos, buena parte de los cuales son coparticipables a los municipios.

Condicionados por anticipos

Suárez barajó algunos de los motivos por los cuales la provincia no reclama las deudas, aunque no los pudo precisar. Recordó que “este gobierno se ha venido financiando con las empresas productoras desde el inicio de la gestión, con regalías anticipadas, y pienso que ya tiene un condicionamiento de entrada. Esto es poner a los principales CEO de las empresas, con gente que no conoce el tema, y encima condicionados por la cuestión económica. Para mí no querer reclamar esto significa aceptar las condiciones de las empresas”, expuso.

Saporiti, su reemplazo

Finalmente fue consultado sobre su reemplazo en la OFEPHI, y marcó una clara diferencia sobre la procedencia del profesional: “Lo conozco poco, vive en Buenos Aires y viene a las reuniones de OFEPHI. Está aprendiendo el tema, porque viene de ESSO, de la parte comercial, de refinación, industrialización y ha estado aprendiendo acá en la OFEPHI”, reiteró, explicando que la organización reúne especialistas en el campo de la producción, exploración y explotación, en tanto Saporiti tiene experiencia en la comercialización posterior.

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