El Estado depositó el viernes $ 1 por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

Presión gremial para despedir a empleados de Aerolíneas

Los pilotos quieren echar hasta 250 trabajadores; el Estado depositó ayer $ 1 por la expropiación

Cada vez está más convulsionada la vida de Aerolíneas Argentinas y Austral. Ayer fue otra jornada de señales encontradas en torno a la vida de las líneas aéreas. Ya empezaron los despidos de gerentes de la empresa, pocos por ahora, mientras circula una lista de 250 empleados que a pedido del gremio de los pilotos deberían dejar de trabajar en la compañía.

Pero esto no es todo lo que llevará en el portafolio la delegación argentina que mañana iniciará la gira en Madrid. A las 13.30 de ayer, el grupo Marsans, hasta ahora dueño de las acciones de Aerolíneas y Austral, fue notificado del juicio de expropiación promovido por el Estado.

Lo curioso no es la demanda sino que allí consta el valor que el Gobierno les otorga a las dos empresas aéreas: un peso. Como para no dejar sentado que la expropiación se hizo por ningún valor, el Estado, en la persona del procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, que es quien firma la demanda, hizo el depósito judicial de una de las codiciadas monedas de un peso como valor simbólico del paquete accionario.

Pero antes de que la demanda llegara al domicilio social de Marsans, algunos gerentes se desayunaron de que habían sido despedidos de la compañía. "Hoy salieron 15 telegramas, pero para que las empresas empiecen a normalizarse hay que despedir a 250 personas", dijo ayer Jorge Pérez Tamayo, presidente del gremio de pilotos APLA.

Según el sindicalista, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y funcionario que maneja gran parte del financiamiento de la compañía, ya tiene el listado de los 250 empleados prescindibles. "No puede ser que la compañía tenga 168 gerencias. Antes, en la época estatal, tenía ocho gerentes", dijo Pérez Tamayo.

No hubo respuesta de Marsans a los dichos de Pérez Tamayo. Sucede que una de las primeras víctimas de la nueva gestión fue Jorge Molina, ex vocero y director de la empresa. Con un nuevo directorio integrado por representantes del Gobierno y con todos los ejecutivos del grupo español fuera de la empresa, el despido de Molina fue inmediato: se le bloqueó su casilla de correo electrónico, se le prohibió el ingreso al edificio corporativo y se colocó una faja de seguridad en la oficina que hasta ayer utilizaba.

Despidos y negociaciones

A última hora de ayer circulaban otros nombres que también habían corrido la misma suerte que Molina. "Se habla de varios, pero la verdad es que los telegramas todavía no llegaron. Seguramente, los recibirán mañana [por hoy]", dijo ayer una fuente con acceso a la empresa.

Por la mañana, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, había confirmado que, pese a las escaramuzas entre el Gobierno y Marsans, avanza la negociación para que el Estado se quede con una orden de compra de alrededor de 30 aviones Airbus que los españoles celebraron hace algo más de un año con el fabricante de aeronaves. "Necesitamos una recuperación de Aerolíneas y Austral, no sólo [tenemos que] poner en funcionamiento los equipos que no estaban funcionando sino que necesitamos una renovación de la flota", explicó Jaime en declaraciones a radio La Red.

La negociación fue confirmada por la tarde por un ejecutivo que interviene en ella. "Seguramente, el lunes se podría firmar en España algún acuerdo. Marsans cede la orden de compra de los aviones, el Estado paga por ello y se suspende la demanda en el Ciadi [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones] que promovió el grupo", sostuvo.

Con la negociación en marcha, habrá que ver qué pasa con el juicio de expropiación. El escribano general del Gobierno, Natalio Etchegaray, fue el encargado de diligenciar la cédula de notificación de la demanda.

Desde el momento en que la entregó, se abre un período de 15 días hábiles para que Marsans conteste si está de acuerdo con el valor que depositó el Estado o si pedirá una nueva tasación de los activos, procedimiento que llevará su tiempo. La solución del asunto será política y quizá el peso termine siendo el precio de la transferencia.

Fuente: Diario La Nación (Sábado 07 de Febrero 09)