Los jueces de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, Javier Darío Muchnik y Walter Tabárez Guerrero, hicieron lugar al recurso de apelación presentado por la fiscalía y revocaron los sobreseimientos que la juez María Cristina Barrionuevo había dictado a principio de este año a ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro y al concesionario de la Hostería Petrel, Eduardo Sandri, por el presunto delito de defraudación a la administración pública.Los camaristas se hicieron eco del recurso de apelación presentado por el fiscal Mayor, Mássimi, quien había presentado dicha acción contra la decisión de la juez de primera instancia de sobreseer a los imputados en la causa que tenía por presuntos actos irregulares en torno a la concesión de la Hostería Petrel.
Mássimi había considerado "prematuro" el sobreseimiento que benefició al ex ministro de Economía Raúl Berrone; el ex presidente del In.Fue.Tur, Osvaldo Magi; el titular de la concesión de Hostería Petrel, Eduardo Sandri; el ex subsecretario de Obras Públicas, Jorge Domínguez, y tres empleados del ministerio de Obras Públicas.
Para la fiscalía la juez no hizo un análisis adecuado de las obras realizadas en la hostería propiedad del Gobierno y de la deuda registrada por el concesionario, por lo que consideraba que restaban pruebas como "una pericia contable y técnica" antes de expedirse sobre la situación procesal de los encartados.
Hay que recordar que la causa se inició tras una denuncia presentada por el ex presidente del In.Fue.Tur, Guillermo Torre, ante el Tribunal de Cuentas, lo que motivó que el organismo de contralor iniciara una investigación sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Sandri en torno a deudas recíprocas que mantenían en torno a la concesión.
A entender del Tribunal de Cuentas, en el acuerdo transaccional –en el que se compensaron dudas tributarias del concesionario por las obras realizadas por éste– se le reconoció "un saldo ficticio por 1 millón de pesos", al que Sandri renunció a cambio de la explotación de la Hostería por 15 años, prorrogables por otros 10. No obstante Barrionuevo al sobreseer a todos los imputados que tiene la causa, sostuvo que a la fecha del acuerdo – 16 de noviembre de 2006 – "Sandri seguía siendo acreedor del Estado y no deudor como lo sostenían los informes del Tribunal de Cuentas" y por lo tanto, "la solución intentada por Magi, entonces presidente del In.Fue.Tur, y por los firmantes del convenio del 16 de noviembre de 2006, Berrone y Sandri, sólo pretendía buscar una solución a una situación irregular desde hacía varios años y que por otra parte no implicó un perjuicio económico al Gobierno de la Provincia, puesto que el convenio en cuestión después de la intervención del Tribunal de Cuentas fue declarado nulo".
En dicho acuerdo Sandri reconoció adeudar a la provincia 549 mil pesos en concepto de ingresos brutos y cánones por la explotación de la hostería; por su parte Berrone, "también indebidamente" según la fiscalía, reconoce adeudar al concesionario 1.609.724 pesos en concepto de obras realizadas.
Para el Ministerio Público quedó un saldo "ficticio" a favor del concesionario de 1.060.149 pesos el cual renunció a dicho monto a cambio de la explotación de los servicios de alojamiento y restaurante de la hostería por el término de 15 años, prorrogable por 10 años más.
Desde la Fiscalía incluso desde el propio Tribunal de Cuentas las mejoras en obras realizadas por Sandri no fueron de la envergadura manifestada y tampoco alcanzaron el monto millonario que se plasmó en el acuerdo.
Por tal razón y a partir de la decisión de la Cámara de Apelaciones, la causa volverá nuevamente al juzgado de primera instancia para que Barrionuevo ordene las pericias contables y técnicas reclamadas por el fiscal, antes de emitir un nuevo auto resolutorio de la situación procesal de los imputados.
Fuente: Crónicas Urbanas Fueguinas (Blog)
Mássimi había considerado "prematuro" el sobreseimiento que benefició al ex ministro de Economía Raúl Berrone; el ex presidente del In.Fue.Tur, Osvaldo Magi; el titular de la concesión de Hostería Petrel, Eduardo Sandri; el ex subsecretario de Obras Públicas, Jorge Domínguez, y tres empleados del ministerio de Obras Públicas.
Para la fiscalía la juez no hizo un análisis adecuado de las obras realizadas en la hostería propiedad del Gobierno y de la deuda registrada por el concesionario, por lo que consideraba que restaban pruebas como "una pericia contable y técnica" antes de expedirse sobre la situación procesal de los encartados.
Hay que recordar que la causa se inició tras una denuncia presentada por el ex presidente del In.Fue.Tur, Guillermo Torre, ante el Tribunal de Cuentas, lo que motivó que el organismo de contralor iniciara una investigación sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Sandri en torno a deudas recíprocas que mantenían en torno a la concesión.
A entender del Tribunal de Cuentas, en el acuerdo transaccional –en el que se compensaron dudas tributarias del concesionario por las obras realizadas por éste– se le reconoció "un saldo ficticio por 1 millón de pesos", al que Sandri renunció a cambio de la explotación de la Hostería por 15 años, prorrogables por otros 10. No obstante Barrionuevo al sobreseer a todos los imputados que tiene la causa, sostuvo que a la fecha del acuerdo – 16 de noviembre de 2006 – "Sandri seguía siendo acreedor del Estado y no deudor como lo sostenían los informes del Tribunal de Cuentas" y por lo tanto, "la solución intentada por Magi, entonces presidente del In.Fue.Tur, y por los firmantes del convenio del 16 de noviembre de 2006, Berrone y Sandri, sólo pretendía buscar una solución a una situación irregular desde hacía varios años y que por otra parte no implicó un perjuicio económico al Gobierno de la Provincia, puesto que el convenio en cuestión después de la intervención del Tribunal de Cuentas fue declarado nulo".
En dicho acuerdo Sandri reconoció adeudar a la provincia 549 mil pesos en concepto de ingresos brutos y cánones por la explotación de la hostería; por su parte Berrone, "también indebidamente" según la fiscalía, reconoce adeudar al concesionario 1.609.724 pesos en concepto de obras realizadas.
Para el Ministerio Público quedó un saldo "ficticio" a favor del concesionario de 1.060.149 pesos el cual renunció a dicho monto a cambio de la explotación de los servicios de alojamiento y restaurante de la hostería por el término de 15 años, prorrogable por 10 años más.
Desde la Fiscalía incluso desde el propio Tribunal de Cuentas las mejoras en obras realizadas por Sandri no fueron de la envergadura manifestada y tampoco alcanzaron el monto millonario que se plasmó en el acuerdo.
Por tal razón y a partir de la decisión de la Cámara de Apelaciones, la causa volverá nuevamente al juzgado de primera instancia para que Barrionuevo ordene las pericias contables y técnicas reclamadas por el fiscal, antes de emitir un nuevo auto resolutorio de la situación procesal de los imputados.
Fuente: Crónicas Urbanas Fueguinas (Blog)
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