El político fueguino Omar Enrique Becerra denunció ante la Unidad de Investigación Financiera a la gobernadora de Santa Cruz, Fabiana Ríos, sumándose a la denuncia penal que presentó el abogado Alejandro de la Riva, por la presunta comisión de varios delitos en torno de la contratación y aprobación del proyecto para la radicación de una planta de metanol en Río Grande.En Tierra del Fuego se habla desde hace algún tiempo de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, usurpación de títulos y honores, etc., todo contra la gobernadora Fabiana Rios y algunos de sus colaboradores.
El motivo es un polémico acuerdo firmado en China mediante el que se constituyó un pool de inversionistas que había previsto, como fondos reservados, un mínimo de US$ 5 millones para "gastos de intermediación".
Las denuncias insisten en que el ministro de Economía provincial, Roberto Crocianelli, no tenía facultades para representar a la provincia en un acuerdo celebrado en China con una sociedad anónima constituida en la Argentina.
Y la sospecha se extiende hacia el secretario de Hidrocarburos de la provincia, Eduardo D’Andrea, y 13 legisladores, por la confusa radicación de capitales supuestamente procedentes de empresas mixtas (estatales y privadas) de la República Popular de China.
A los 13 legisladores se los acusa de los delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal, por haber aprobado una ley que contraría las constituciones –nacional y provincial- y varias leyes internas de esta provincia.
Durante los primeros días de abril de ese año, un grupo de inversionistas asiáticos firmaron en China un acuerdo marco de cooperación para la constitución de una suerte de pool con el propósito de constituir una sociedad anónima en la Argentina, a la que ya le habían asignado y reservado el nombre de "Tierra del Fuego Energía y Química".
Hubo una "carrera maratónica" para regularizar y constituir tal empresa, a través de aquellos inversionistas habían proyectado llevar a cabo un emprendimiento para la explotación de metanol en esta provincia.
Así surgió en Buenos Aires la denominada "Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima", que tenía como presidente a quien fue presentado en la isla como Fernando Lin.
En el contexto de esas negociaciones, el ministro de Economía fueguino, Roberto Crocianelli, y el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, fueron comisionados por Fabiana Ríos para realizar un viaje a China, aunque todavía no se sabe si ambos funcionarios fueron invitados por alguna autoridad estatal de aquel país o por la sociedad anónima presidida por Fernando Lin.
Crocianelli y D’Andrea firmaron un acuerdo de cooperación con uno de los representantes de la sociedad, cuyo nombre, llamativamente no aparece en ningún acto de constitución de la empresa radicada en la Argentina.
El ministro suscribió ese acuerdo "en representación" del Estado fueguino, "sin que se hubiera pronunciado previamente la Asesoría Legal y Técnica de la Gobernación, tal como lo impone la actual ley de ministerios".
No se trataba de un simple convenio de intercambio cultural, sino las bases para la rúbrica de un posterior contrato a largo plazo, en el que la provincia de Tierra del Fuego se comprometía a promover y facilitar el proyecto que, entre otras cláusulas, dispone que la empresa a cargo de la planta de metanol recibirá una determinada cantidad de gas que será utilizada como materia prima.
La dudosa representación ejercida por los funcionarios fueguinos fue destacada por el denunciante, como uno de los hechos más claros, que perfectamente encuadran en una de las figuras delictivas.
Si se trató de una negociación con representantes de capitales estatales de la República Popular de China, existiría una violación a preceptos constitucionales por no haberse dado por contado con la debida intervención del Congreso de la Nación y de la Cancillería Argentina.
Se afirma que la gobernadora utilizó fondos y recursos del Estado provincial para sostener y propender ese negocio de una sociedad privada, a cuyo fin puso a disposición de Tierra del Fuego Energía y Química una campaña publicitaria con medios y recursos públicos.
Los gastos reservados de "intermediación" previstos durante la constitución del pool de inversionistas en China, es motivo de diversas especulaciones: 1% del total destinado a la inversión (US$ 500 millones), o sea US$ 5 millones.
Becerra afirma: "Según declaraciones de funcionarios provinciales, en los días próximos pasados, se habría producido un depósito millonario en el Banco Tierra del Fuego, desconociendo el origen de los mismos. Asimismo los funcionarios hablan constantemente de intervención de provincias y organismos estatales de China, siendo que el convenio se firmó con una empresa privada desconocida en el ámbito energético argentino y pareciendo haber sido creada exclusivamente para este negocio".
Por eso reclama se investigue el origen de esos dineros.
En cuanto a Ríos, la enorme mayoría del arco político fueguino sostenía que el ARI no llegaba a su primer aniversario de gobierno.
Pero Ríos lleva 2 años de gestión.
En el medio ocurrió la renuncia abrupta del ex jefe de fiscales y quien se desempeñaba como vicegobernador, Carlos Bassanetti, quien hoy día es un firme crítico del convenio chino.
Es difícil imaginar como se reagrupará el gobierno de Ríos frente a las próximas elecciones generales, pero armará una estructura política nueva para intentar la continuidad de la gestión a partir de 2011, aunque no la reelección... por ahora.
Ríos sufrió una derrota electoral aplastante el 28/06 cuando su candidato a renovar la diputación, Leonardo Gorbacz (hoy secretario de Medios del Gobierno), llegó en 5to. lugar.
Pero Fabiana Ríos devino en una firme aliada de los Kirchner, y sus legisladores nacionales actuaron en consecuencia.
En tanto, las cuestionadas negociaciones con inversores chinos para la instalación de una planta productora de metanol en el norte provincial, que incluye un acuerdo para la venta de gas de regalías, fueron el emblema de una serie de hechos sucedidos a lo largo de la gestión que atentaron contra las banderas de transparencia enarboladas en campaña.
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