La Cámara de Diputados debatía esta noche, tras más de ocho horas de sesión, el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que de aprobarse deberá ser girado al Senado para su sanción definitiva.La iniciativa busca recuperar para el Estado la propiedad de ambas compañías y volver de esa manera sobre los pasos de la política privatista que predominó en el país en la década del '90.
El oficialismo confiaba en tener el números suficiente para aprobar la iniciativa, tras los cambios incorporados a la versión original, para ello y como consecuencia de ello había conseguido el respaldo de varios de los legisladores de origen peronista que habían votado contra el proyecto de retenciones, como la salteña Zulema Daher o el cordobés Arturo Heredia y de bloques opositores como el Espacio SI de los ex aristas.
También, del flamante bloque Consenso Federal de los cobistas liderados por el bonaerense Daniel Katz, quien justificó su voto en los cambios realizados al proyecto original.
El centro de las críticas, del debate, fueron en especial para el grupo español Marsans, acusado del vaciamiento de las empresas, y el
secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien mereció pedido de renuncia de parte de los bloques opositores, y no tuvo, al menos hasta las 21 de hoy, defensa de parte de los oficialistas.
La presidenta de la comisión de Transportes, Beatriz Daher (FPV- Salta), defendió el dictamen de la mayoría y destacó que la re-estatización "es una política de Estado a fin de resguardar no solamente los 9 mil puestos de trabajo" sino también "garantizar la integridad regional, el tráfico turístico" y, "sobre todo el bienestar general del país".
Estimó que "fue un error no haber analizado los antecedentes de Marsans" cuando se la aceptó como operador en 2001, ya que indicó "en poco más de un lustro ambas compañías logran acumular una deuda exigible de 240 millones de dólares y un pasivo de 890 millones de dólares".
Para defender uno de los dictámenes alternativos de la minoría que proponen el rechazo explícito del acta-acuerdo firmado el mes pasado por el Poder Ejecutivo y Marsans, el radical Alejandro Nieva (UCR- Jujuy) dijo que el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, "nos trajo un presente griego con este proyecto".
Manifestó que la difícil situación de las aerolíneas "era conocida por el Gobierno y por el secretario de Transporte" y advirtió que "es insuficiente" que el oficialismo haya sacado del proyecto la ratificación del acta-acuerdo firmada por Jaime.
Nieva alertó que "lamentablemente ese acta si no se deroga, si no se recomienda al Poder Ejecutivo que cambie el acuerdo realizado, va a haber un derecho para Marsans más allá de lo que diga la ley", porque apuntó que lo firmado "implica así nomás hacernos cargo de una deuda de 900 millones de dólares".
La socialista Laura Sesma, cuyo bloque firmó un dictamen de minoría diferente al suscripto por la Coalición Cívica, la UCR y el PRO, y que plantea la expropiación de la empresa, precisó compartir con el oficialismo "que este debe ser un servicio garantizado por el Estado".
Pero explicó que su "preocupación" es ser "co- responsables de aprobar una ley que deje vigente un acta acuerdo que no podemos convalidar, porque es absolutamente beneficiosa para el grupo Marsans".
El presidente de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto (FPV- Santa Fe), destacó desde el oficialismo que la "necesidad de continuidad en el funcionamiento de estas empresas implica que no queden ciudades sin este servicio esencial" en el que entre ambas tienen "el 80 por ciento de los vuelos de cabotaje", recordó.
El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, insistió en que el proyecto que impulsa el FPV omite pero "no se pronuncia" sobre el acta- y consideró que "el no pronunciamiento es convalidación".
Si bien el diputado dijo estar de acuerdo en que el Estado asuma el control de AA y Austral para mantener sus operaciones, personal y rutas, opinó: "No creemos que haya que convalidar una deuda fraudulenta de Marsans amparada por un comportamiento delictivo y de connivencia de Jaime".
Del PRO, Esteban Bullrich coincidió en que "el proyecto se queda a mitad de camino" y alertó que "sentarse frente a Marsans sin establecer un valor cierto de la empresa y sin ninguna alternativa es regalar la negociación".
"Nos están vendiendo un buzón marca cañón", graficó el diputado y no dudó en sostener que "Jaime debe dejar hoy de ser secretario de Transporte del país".
La jefa de los socialistas, Silvia Augsburger, propuso, a su turno, la creación de una comisión investigadora de lo ocurrido en las gestiones de las aerolíneas determinar "la responsabilidad de todos, miembros del gobierno y empresarios, en estos 18 años de privatización de Aerolíneas".
Carlos Raimundi, (SI-ex ARI), cuyo bloque apoyó en general la propuesta remozada del oficialismo para recuperar Aerolíneas, advirtió que el proyecto debería también incluir una cláusula que impida sacar fondos del gasto social para derivar al mantenimiento de las empresas aéreas.
Vilma Ibarra, también afín al kirchnerismo desde el bloque Encuentro Popular y Social, sostuvo que "no es verdad que no rechazar el acta acuerdo significa su convalidación" y afirmó que el documento firmado por Jaime "es débil y jurídicamente inaceptable en sus términos".
UNA PRUEBA EN EL CONGRESO. Con los apoyos necesarios para aprobar el proyecto, el bloque oficialista esperaba superar la votación en la Cámara de Diputados y girar la iniciativa a la Cámara alta.
La ley fue modificada para evitar un nuevo rechazo del Congreso y desalentar la idea de que detrás del rescate hay un negociado.
Entre los cambios, se delegó al Congreso la facultad de aprobar el precio de tasación de esas compañías. Pero la solución a la que llegó la administración kirchnerista continuó siendo cuestionada tanto por los diputados de la oposición como por algunos juristas.
El oficialismo insiste en que la norma estará por encima de los compromisos que asumió la Secretaría de Transporte con la empresa española. Pero cuatro bloques de la oposición –la Coalición Cívica, el radicalismo, el Frejuli y el PRO–reclaman que el rechazo a ese acta se realice de manera concreta.
Fuente de Consulta: Crítica Digital de Lanata
También, del flamante bloque Consenso Federal de los cobistas liderados por el bonaerense Daniel Katz, quien justificó su voto en los cambios realizados al proyecto original.
El centro de las críticas, del debate, fueron en especial para el grupo español Marsans, acusado del vaciamiento de las empresas, y el
secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien mereció pedido de renuncia de parte de los bloques opositores, y no tuvo, al menos hasta las 21 de hoy, defensa de parte de los oficialistas.La presidenta de la comisión de Transportes, Beatriz Daher (FPV- Salta), defendió el dictamen de la mayoría y destacó que la re-estatización "es una política de Estado a fin de resguardar no solamente los 9 mil puestos de trabajo" sino también "garantizar la integridad regional, el tráfico turístico" y, "sobre todo el bienestar general del país".
Estimó que "fue un error no haber analizado los antecedentes de Marsans" cuando se la aceptó como operador en 2001, ya que indicó "en poco más de un lustro ambas compañías logran acumular una deuda exigible de 240 millones de dólares y un pasivo de 890 millones de dólares".
Para defender uno de los dictámenes alternativos de la minoría que proponen el rechazo explícito del acta-acuerdo firmado el mes pasado por el Poder Ejecutivo y Marsans, el radical Alejandro Nieva (UCR- Jujuy) dijo que el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, "nos trajo un presente griego con este proyecto".
Manifestó que la difícil situación de las aerolíneas "era conocida por el Gobierno y por el secretario de Transporte" y advirtió que "es insuficiente" que el oficialismo haya sacado del proyecto la ratificación del acta-acuerdo firmada por Jaime.
Nieva alertó que "lamentablemente ese acta si no se deroga, si no se recomienda al Poder Ejecutivo que cambie el acuerdo realizado, va a haber un derecho para Marsans más allá de lo que diga la ley", porque apuntó que lo firmado "implica así nomás hacernos cargo de una deuda de 900 millones de dólares".
La socialista Laura Sesma, cuyo bloque firmó un dictamen de minoría diferente al suscripto por la Coalición Cívica, la UCR y el PRO, y que plantea la expropiación de la empresa, precisó compartir con el oficialismo "que este debe ser un servicio garantizado por el Estado".
Pero explicó que su "preocupación" es ser "co- responsables de aprobar una ley que deje vigente un acta acuerdo que no podemos convalidar, porque es absolutamente beneficiosa para el grupo Marsans".
El presidente de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto (FPV- Santa Fe), destacó desde el oficialismo que la "necesidad de continuidad en el funcionamiento de estas empresas implica que no queden ciudades sin este servicio esencial" en el que entre ambas tienen "el 80 por ciento de los vuelos de cabotaje", recordó.
El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, insistió en que el proyecto que impulsa el FPV omite pero "no se pronuncia" sobre el acta- y consideró que "el no pronunciamiento es convalidación".
Si bien el diputado dijo estar de acuerdo en que el Estado asuma el control de AA y Austral para mantener sus operaciones, personal y rutas, opinó: "No creemos que haya que convalidar una deuda fraudulenta de Marsans amparada por un comportamiento delictivo y de connivencia de Jaime".
Del PRO, Esteban Bullrich coincidió en que "el proyecto se queda a mitad de camino" y alertó que "sentarse frente a Marsans sin establecer un valor cierto de la empresa y sin ninguna alternativa es regalar la negociación".
"Nos están vendiendo un buzón marca cañón", graficó el diputado y no dudó en sostener que "Jaime debe dejar hoy de ser secretario de Transporte del país".
La jefa de los socialistas, Silvia Augsburger, propuso, a su turno, la creación de una comisión investigadora de lo ocurrido en las gestiones de las aerolíneas determinar "la responsabilidad de todos, miembros del gobierno y empresarios, en estos 18 años de privatización de Aerolíneas".
Carlos Raimundi, (SI-ex ARI), cuyo bloque apoyó en general la propuesta remozada del oficialismo para recuperar Aerolíneas, advirtió que el proyecto debería también incluir una cláusula que impida sacar fondos del gasto social para derivar al mantenimiento de las empresas aéreas.
Vilma Ibarra, también afín al kirchnerismo desde el bloque Encuentro Popular y Social, sostuvo que "no es verdad que no rechazar el acta acuerdo significa su convalidación" y afirmó que el documento firmado por Jaime "es débil y jurídicamente inaceptable en sus términos".
UNA PRUEBA EN EL CONGRESO. Con los apoyos necesarios para aprobar el proyecto, el bloque oficialista esperaba superar la votación en la Cámara de Diputados y girar la iniciativa a la Cámara alta.
La ley fue modificada para evitar un nuevo rechazo del Congreso y desalentar la idea de que detrás del rescate hay un negociado.
Entre los cambios, se delegó al Congreso la facultad de aprobar el precio de tasación de esas compañías. Pero la solución a la que llegó la administración kirchnerista continuó siendo cuestionada tanto por los diputados de la oposición como por algunos juristas.
El oficialismo insiste en que la norma estará por encima de los compromisos que asumió la Secretaría de Transporte con la empresa española. Pero cuatro bloques de la oposición –la Coalición Cívica, el radicalismo, el Frejuli y el PRO–reclaman que el rechazo a ese acta se realice de manera concreta.
Fuente de Consulta: Crítica Digital de Lanata
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