El oficialismo está confiado. Esta vez no habrá sorpresas en el Senado y se aprobará sin problemas la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Ocurre que en el bloque del Frente para la Victoria, se da por descontado que obtendrá el respaldo de al menos 41 legisladores propios, una cifra que supera con comodidad los 37 necesarios para tener mayoría propia.
Pero, más allá del destino que tenga la ley en el Senado, Urgente24 recibió al menos 2 comentarios de senadores oficialistas acerca de la decisión gubernamental de "expropiar" la empresa del Grupo Marsans.
Las declaraciones del senador nacional José Pampuro (Buenos Aires-Frente para la Victoria), revelaron cuáles son las intenciones del Ejecutivo Nacional sobre el tema en cuestión.
"No vamos a avalar en una ley la deuda a Marsans. Si tiene algo que reclamar que lo haga en organismos internacionales", declaró a la prensa el senador kirchnerista que antes fue ministro de Defensa en retribución a que, cuando era secretario general de la Presidencia y amigo de Eduardo Duhalde, logró convencerlo de que debía elegir a Néstor Kirchner como candidato oficial.
En la sesión de tablas de la semana pasada, en Diputados, tal como informara oportunamente Urgente24, se desestimó la propuesta del diputado nacional Juan Carlos Vega (Córdoba-Coalición Cívica), quién proponía incorporar un artículo más al proyecto de ley, referido al artículo 116 de la Constitución de la Nación, que expresa: "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación".
El propósito de Vega era retomar la 'doctrina Carlos Calvo', y asignar a los jueces argentinos la competencia para resolver sobre conflictos entre inversores extranjeros y el Estado Nacional, y no a un tribunal internacional, tal como ocurre desde 1994 con el Ciadi, un árbitro dependiente del Banco Mundial.
De todos modos -y Vega debería aclarar cómo lo imagina él- los tratados bilaterales de protección de inversiones necesariamente deben propiciar un árbitro neutral; al menos que no corresponda ni a uno ni a otra parte porque, de lo contrario, se estaría vulnerando el espíritu de un Tratado Bilateral de Protección y Garantía.
Probablemente Vega desconozca el famoso 'teorema de Juan Carlos Baglini', que adjudica a una fuerza política y a sus integrantes, propuestas directamente proporcionales -en su realismo- a la posibilidad de acceso al poder.
Los Tratados de Protección de Inversiones Extranjeras que la Argentina firmó durante los años '90 con Italia, España, USA y otros países tienen un núcleo que establece que, en caso de diferencias entre inversores y el Estado Nacional, la jurisdicción de resolución de litigios será el tribunal Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial (organismo financiero multilateral que integra la Argentina y del que es deudor).
¿Alguien imagina una emisión de deuda soberana en moneda extranjera que realice un país emergente que no tenga como jurisicción para resolución de contenciosos a un tribunal y las leyes de New York o de Francfort o de Londres?
Tal como lo explicó Urgente24, solamente no integran el Ciadi, por diferentes motivos, Brasil, Cuba, Haití, México y República Dominicana.
En mayo de 2007, Bolivia, Nicaragua y Venezuela (que adhirieron al Ciadi en 1995) anunciaron su retiro de dicho organismo.
Pero sólo Bolivia notificó al Banco Mundial su decisión de retirarse del Ciadi, la que, de conformidad con el artículo 71 del Convenio respectivo, se hizo efectiva en noviembre de 2007.
La Asamblea Nacional venezolana pidió al Gobierno de Hugo Chávez Frías el retiro del Ciadi en febrero de 2008. No obstante,el Gobierno venezolano hasta ahora no se ha retirado del Ciadi y, por el contrario, propuso dirimir el conflicto con Exxon Mobil en esta instancia. Para Venezuela era mucho más confiable el Ciadi que la instancia que pretendía hacer valer Exxon Mobil que eran tribunales del Reino Unido y Holanda.
Por estos días, la empresa mexicana Cemex amenaza con recurrir al Ciadi por el diferencial de precio de sus plantas en Venezuela que quiere estatizar Chávez.
Desde 2003, el Estado argentino fue condenado a pagar US$ 912 millones aunque logró zafar de abonar US$ 917 millones por los desistimientos de empresas que resolvieron con el Gobierno la recomposición de tarifas o alguna otra compensación, según la Procuración del Tesoro, que defiende al Estado argentino en la instancia Ciadi.
En los 7 laudos adversos al Estado argentino, el demandado (la Argentina) consiguió reducir los montos reclamados, ahorrándose US$ 1.580 millones.
Quedan pendientes de resolución en el Ciadi demandas por casi US$ 9.000 millones, aunque casi la mitad de esa cifra corresponde a procesos suspendidos provisoriamente a la espera de una renegociación de las empresas con el Gobierno.
En la Argentina, hay legisladores que promueven el retiro de la Argentina del Ciadi (bueno, en el pasado hubo legisladores que hasta defendieron la declaración de incumplimiento de la deuda soberana, otros -o los mismos- que legitimaron la apropiación indebida de depósitos conocida como 'corralón', etc.), y el no reconocimiento de ninguna demanda presentada hasta ahora.
Hay legisladores que votaron declarar 'cerrado' el canje unilateral de deuda y, si la Argentina avanza en la negociación del Club de París, será muy tragicómico verlos votar la reapertura del canje unilateral de deuda.
En fin... si el Congreso se encuentra tan devaluado, es responsabilidad exclusiva de los propios legisladores...
De todos modos, cuando se discutió en Diputados, durante el debate sobre Aerolíneas Argentinas y Austral, la iniciativa de no reconocimiento de demanda alguna, finalmente no prosperó.
En cualquier caso, la decisión del Gobierno Argentino de "expropiar" la empresa Aerolíneas Argentinas, provocaría una nueva demanda ante los tribunales internacionales de justicia.
A agosto de 2008, el Estado argentino tiene los siguientes casos pendientes en su contra (o sea que es el demandado) en el Ciadi:
1. ARB/04/4 SAUR International
2. ARB/04/1 Total S.A.
3. ARB/03/30 Azurix Corp.
4. ARB/03/27 Unisys Corporation.
5. ARB/03/23 EDF International S.A., SAUR International S.A. and León Participaciones Argentinas S.A.
6. ARB/03/22 Electricidad Argentina S.A. y EDF International S.A.
7. ARB/03/21 Enersis S.A. y otros.
8. ARB/03/20 Telefónica S.A.
9. ARB/03/19 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A.
10. ARB/03/17 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e Interagua Servicios Integrales de Agua S.A.
11. ARB/03/15 El Paso Energy International Company.
Entonces, la demanda de Marsans sería la 12da. en trámite contra la Argentina en el Ciadi.
Pero esto parece no importarle a los parlamentarios, quienes confían en que "el proyecto de ley para reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral será respaldado con amplia mayoría", incluso con el apoyo de los senadores que votaron en contra del Gobierno y a favor del campo en la madrugada del 17 de julio pasado, donde se discutió el tema las retenciones móviles y que terminó con el voto No positivo del Vicepresidente Julio Cobos.
Los principales referentes de la bancada kirchnerista le dijeron a Urgente24 que recibieron con alivio la eliminación de los 3 puntos más controvertidos del proyecto oficial:
> la eliminación del Acta-Acuerdo firmada por el secretario de Transporte con el grupo Marsans,
> la intervención del Congreso en la fijación del precio de compra de las acciones de las Aerolíneas, y
> la posibilidad de una reprivatización posterior a la vuelta de las aerolíneas al Estado.
Con este nuevo escenario, Carlos Reutemann, Roxana Latorre, Teresita Quintela, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Ruben Marín, Roberto Urquia, y Elena Corregido, estarían dispuestos, esta vez, a acompañar con su voto. Quedan dudas sobre la posición que finalmente adoptaran Carlos Menem y Hilda González de Duhalde.
El proyecto se tratará a partir del martes 26/08, en el Plenario de Comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Presupuesto, con la visita a las 14:00 del secretario de Transportes de la Nación, Ricardo Jaime.
Mientras esto ocurre, la UCR presentó la ampliación de la denuncia penal contra el mencionado Jaime, por las irregularidades cometidas en la firma del Acta Acuerdo del 17 de julio sobre la compra de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.
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