POR DANIEL GUSTAVO MONTAMAT , ECONOMISTA
La historia del petróleo argentino tiene más de 100 años pero el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907 fija el hito demarcatorio de la cronología oficial. A partir de allí se enciende el debate no agotado entre ‘estatistas’ y ‘privatistas’. El eje del debate es la propiedad del recurso y no la renta económica, como debería haber sido.
Cuando se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, por el Código de Minería vigente (1886), las concesiones mineras se otorgaban a perpetuidad (art. 17) y sólo las podían explotar los particulares y las empresas privadas (art. 9). Las minas eran bienes privados de la Nación o de las Provincias según el territorio donde se encontrasen y la explotación comercial no estaba sujeta a un régimen de pago de regalías. Como el descubrimiento se había hecho en tierras fiscales que en aquel entonces pertenecían al dominio nacional, el Poder Ejecutivo fijó por decreto una zona de reserva en torno al descubrimiento para evitar que los privados se quedaran con la explotación de lo que no habían descubierto. Después hubo que repeler las solicitudes de cateo sobre las áreas aledañas a la zona de reserva. Muchos especuladores, sin costo alguno, buscaban obtener un derecho en una zona ya productiva que después venderían a compañías petroleras (el clásico argentino de la intermediación). La zona de reserva fue ampliada para asegurar la exploración y explotación al Estado Nacional pero la institucionalidad del Código minero quedó avasallada.
A partir de entonces, el dogma sobre la propiedad de los recursos, enmascaró el análisis y la discusión sobre la apropiación de la renta de su explotación (diferencia entre precios de referencia internacional y costos). Unos defendían la propiedad nacional del recurso y la explotación por la empresa estatal creada: Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Otros se inclinaban por el dominio federal de los yacimientos (nación y provincias) y argumentaban a favor de las concesiones privadas. Los epítetos descalificativos, y la visión maniquea de la realidad, privaron a la política petrolera de horizontes de largo plazo y la sometieron a los vaivenes pendulares de los intereses de turno. Ignoramos la centralidad de la renta y así nos fue. YPF daba pérdidas porque la renta se perdía en el camino (sobrecostos, subsidios, precios políticos) y no tenía presupuesto para reponer reservas.
Los concesionarios privados maximizan la renta presente y evitan asumir mayores riesgos exploratorios. Con los estatistas, el petróleo queda bajo la tierra; y con los privatistas se sobreexplota.
Es hora de cambiar el eje del debate petrolero: ¡no es la propiedad, es la renta estúpido!
Para explotar el recurso se puede tener una empresa estatal que monopolice toda la actividad (Arabia, Kuwait, Iraq, Méjico); o una empresa pública que coexista con un régimen de concesiones privadas (Brasil, Canadá, Noruega) o de producción compartida con empresas privadas (Colombia, Venezuela, Ecuador, Rusia). Si no existe la empresa estatal (Estados Unidos), o la empresa estatal se privatizó (Argentina, Perú, Inglaterra), la propiedad estatal de los yacimientos tiene que convivir con un régimen de concesiones privadas para el desarrollo de la actividad.
Cualquiera sea el régimen de explotación, los resultados dependen de cómo se reparte la renta teniendo en cuenta que esta varía según los precios y las condiciones geológicas del yacimiento. La captura total de la renta por el Estado es imposible. El 100% de 0 es 0. Aún la empresa estatal debe apropiar renta para sostener la actividad y reponer reservas. Los privados pueden apropiar renta en el país y reinvertir en otras geologías más atractivas y/o estables. La renta deja de generarse en el país y se genera en otras latitudes. En valores estimados para el 2007 la renta petrolera argentina (incluye el gas) es de 16.871 millones de dólares. Nadie se puede llevar un yacimiento puesto, pero se lo puede explotar, dejar de explotar, o explotar mal, según las reglas que rijan la apropiación de la renta. Esta es la cuestión.-
Fuente de Consulta: El Cronista Comercial (08/11/07)
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