La línea Aérea de Bandera, vuelve al Estado después de 18 años.El proyecto se aprobó sin modificar lo dispuesto en Diputados: con 46 votos a favor y 21 en contra se convirtió en ley. La compañía vuelve al Estado después de 18 años. Resta establecer el precio final.
Voto x voto.
Esta vez, un Cobos perfil bajo.
Tras once horas de debate, cuarenta y seis senadores apoyaron la reestatización de Aerolíneas Argentinas. El oficialismo recuperó el voto de los siete legisladores de su propia bancada que no lo habían acompañado en el debate de las retenciones móviles y sumó los votos de los senadores del ARI de Tierra del Fuego y del Movimiento Popular Neuquino. Salvo los aplausos solitarios del diputado Ariel Basteiro desde la primera bandeja de palcos, no hubo festejos. Para los hombres del oficialismo, no había mucho para festejar. En las dos semanas que duró el debate de las comisiones, habían escuchado muchas críticas. Tenían una sola certeza: no modificar ni una coma lo aprobado en la Cámara baja.
Desde hace varios días que el resultado estaba cantado. Presentada como una medida “progresista” que contrastaba con el retiro del Estado que caracterizó a las políticas neoliberales, el oficialismo logró en este tema el acompañamiento del santafesino Carlos Reutemann, del pampeano Rubén Marín, de la salteña Sonia Escudero. No logró sumar a los radicales k. Ni el rionegrino Pablo Verani, ni la correntina Dora Sánchez, ni el santiagueño Emilio Rached estuvieron presentes cuando llegó la hora de votar. Algo que contrastó con lo que sucedió en Diputados. En la Cámara baja, los dos sectores en los que se dividió el radicalismo k se unificaron detrás del proyecto de rescate a la empresa aerocomercial.
A pesar que el resultado de la votación no corrió riesgo en ningún momento de la sesión, los senadores del Frente para la Victoria se mostraron extremadamente sensibles al discurso de la oposición. No dejaron pasar por alto ninguna crítica y mostraron una defensa cerrada a la gestión del secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Defensa que en Diputados Jaime no tuvo y que para la Rosada no pasó desapercibido. Correctivos llamados de los hombres de gobierno evitaron que el hecho volviera a repetirse.
Los principales oradores del bloque mayoritario también fueron celosos en repetir que el precio final de la operación lo fijaría el Congreso. Algo que apuntaba a despejar la sospecha de que detrás de la reivindicación de la línea de bandera se esconde un negociado.
La última palabra la tuvo el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque oficialista. La principal preocupación del kirchnerista fue rebatir los argumentos de la puntana Liliana Negre de Alonso. Profesora universitaria al fin, la legisladora había recurrido a varios cuadros sinópticos dibujados en cartulina para explicar el vaciamiento de la empresa. La legisladora aseguró que la quiebra con continuidad era la única manera que existía para determinar el monto real del endeudamiento de Aerolíneas Argentinas y avanzar sobre las responsabilidades de los empresarios privados y los funcionarios estatales.
Legisladores del oficialismo y de la oposición habían insistido en la creación de una comisión que investigue la deuda de la empresa. Negre de Alonso afirmó que el Estado, al desistir de las impugnaciones que había formulado a los balances de los años 2002, 03, y 04, terminó blanqueando a los directivos del grupo español. Esto convertía a la iniciativa investigadora en un hecho simbólico, en un canto a la bandera. Así como los legisladores del oficialismo se preocuparon por tratar de rebatir las opiniones de la puntana, no desmintieron a Adolfo Rodríguez Saá. El Adolfo, como lo llaman los suyos, afirmó que el titular del Tribunal de Tasación le había comentado que “Jaime le dijo que en mayo el banco Creditt Suisse había tasado a Austral en 400 millones de dólares”.
No faltaron voces del oficialismo que presentaran al proyecto como un acto de reparación histórica. La senadora Elida Vigo, incluso interrumpió el discurso de Pichetto para reclamar un homenaje para Raúl Scalabrini Ortiz, por su defensa de los ferrocarriles. Para la senadora, el rescate de Aerolíneas era comparable con la nacionalización de los ferrocarriles.
El radical Ernesto Sanz desestimó esos discursos. Destacó que se discutía un contrato de compraventa hecho y derecho. Al igual que Rodríguez Saá y que la porteña María Eugenia Estenssoro, consideró que se estaba abriendo la puerta a futuros litigios contra el Estado. Afirmó que el acta acuerdo estaba vigente y, con ello, también el método para tasar la empresa. Método que descalificó porque dijo que permitía valuar la empresa por su proyección futura y no por su actual patrimonio, al que estimó negativo.
Desde hace varios días que el resultado estaba cantado. Presentada como una medida “progresista” que contrastaba con el retiro del Estado que caracterizó a las políticas neoliberales, el oficialismo logró en este tema el acompañamiento del santafesino Carlos Reutemann, del pampeano Rubén Marín, de la salteña Sonia Escudero. No logró sumar a los radicales k. Ni el rionegrino Pablo Verani, ni la correntina Dora Sánchez, ni el santiagueño Emilio Rached estuvieron presentes cuando llegó la hora de votar. Algo que contrastó con lo que sucedió en Diputados. En la Cámara baja, los dos sectores en los que se dividió el radicalismo k se unificaron detrás del proyecto de rescate a la empresa aerocomercial.
A pesar que el resultado de la votación no corrió riesgo en ningún momento de la sesión, los senadores del Frente para la Victoria se mostraron extremadamente sensibles al discurso de la oposición. No dejaron pasar por alto ninguna crítica y mostraron una defensa cerrada a la gestión del secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Defensa que en Diputados Jaime no tuvo y que para la Rosada no pasó desapercibido. Correctivos llamados de los hombres de gobierno evitaron que el hecho volviera a repetirse.
Los principales oradores del bloque mayoritario también fueron celosos en repetir que el precio final de la operación lo fijaría el Congreso. Algo que apuntaba a despejar la sospecha de que detrás de la reivindicación de la línea de bandera se esconde un negociado.
La última palabra la tuvo el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque oficialista. La principal preocupación del kirchnerista fue rebatir los argumentos de la puntana Liliana Negre de Alonso. Profesora universitaria al fin, la legisladora había recurrido a varios cuadros sinópticos dibujados en cartulina para explicar el vaciamiento de la empresa. La legisladora aseguró que la quiebra con continuidad era la única manera que existía para determinar el monto real del endeudamiento de Aerolíneas Argentinas y avanzar sobre las responsabilidades de los empresarios privados y los funcionarios estatales.
Legisladores del oficialismo y de la oposición habían insistido en la creación de una comisión que investigue la deuda de la empresa. Negre de Alonso afirmó que el Estado, al desistir de las impugnaciones que había formulado a los balances de los años 2002, 03, y 04, terminó blanqueando a los directivos del grupo español. Esto convertía a la iniciativa investigadora en un hecho simbólico, en un canto a la bandera. Así como los legisladores del oficialismo se preocuparon por tratar de rebatir las opiniones de la puntana, no desmintieron a Adolfo Rodríguez Saá. El Adolfo, como lo llaman los suyos, afirmó que el titular del Tribunal de Tasación le había comentado que “Jaime le dijo que en mayo el banco Creditt Suisse había tasado a Austral en 400 millones de dólares”.
No faltaron voces del oficialismo que presentaran al proyecto como un acto de reparación histórica. La senadora Elida Vigo, incluso interrumpió el discurso de Pichetto para reclamar un homenaje para Raúl Scalabrini Ortiz, por su defensa de los ferrocarriles. Para la senadora, el rescate de Aerolíneas era comparable con la nacionalización de los ferrocarriles.
El radical Ernesto Sanz desestimó esos discursos. Destacó que se discutía un contrato de compraventa hecho y derecho. Al igual que Rodríguez Saá y que la porteña María Eugenia Estenssoro, consideró que se estaba abriendo la puerta a futuros litigios contra el Estado. Afirmó que el acta acuerdo estaba vigente y, con ello, también el método para tasar la empresa. Método que descalificó porque dijo que permitía valuar la empresa por su proyección futura y no por su actual patrimonio, al que estimó negativo.
Fuente: Diario Crítica Digital de Lanata
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