Un año y dos meses después que el presidente de la Nación Néstor Kirchner firmara el Decreto 1012 tendiente a ayudar a la industria aerocomercial argentina a salir de la crisis en la que está sumergida -sólo hay que mirar las compañías que desaparecieron y las condiciones en que se desenvuelven las que sobrevivieron-, sólo el aumento a las bandas tarifarias de un 10% en agosto de 2006 y otro 10% en septiembre se cumplieron.
¿Qué pasó con las instrucciones impartidas a principios de agosto del año pasado por el Presidente a los ministerios de Economía y Planificación para que en 30 días eleven al jefe de Gabinete un proyecto de ley que contemple la aplicación de subsidios, la exención del IVA para la compra, alquiler y leasing de aviones, combustibles y seguros aeronáuticos, que permita la utilización de los saldos técnico y/o libre disponibilidad del IVA para el pago de otros impuestos de carácter nacional u obligaciones con la Seguridad Social y hasta que modifique y actualice el Código Aeronáutico Argentino? Nada.
Si en una empresa privada un presidente o gerente general da una orden y un año después nada ha cambiado, no hay mucho para apostar por la suerte de los ejecutivos.
Con el Gobierno, los parámetros de urgencia, eficiencia y obediencia parecerían ser otros, salvo que los anuncios sean nada más que una estrategia para ganar tiempo y dejar todo como está.
La directiva del Presidente no buscaba otra cosa que rescatar y complementar el Decreto 1654 del 4 de septiembre de 2002 durante la gestión Duhalde, que declaraba el "Estado de Emergencia del Transporte Aerocomercial".
El objetivo: impulsar y desarrollar la industria aerocomercial argentina en su conjunto. Salvo, claro, que alguien piense que la industria se ha recuperado, que abunda la competencia y la oferta de vuelos, que hay inversiones y proyectos de modernización en marcha y que las empresas que aún operan en el país están económicamente sanas y fuertes.
Fuente: Aviación News
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