Cuando hace algo más de un año, más precisamente en julio del año pasado, el Gobierno anunció que iba a comprar las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, el kirchnerismo empezó a plasmar la última de una serie de estatizaciones que se dieron desde 2003 hasta ahora.
Técnicamente, y pese al discurso que impera en todo lo que compete a las dos aerolíneas, las empresas no son del Estado sino que siguen perteneciendo al Grupo Marsans. El Estado nunca completó el proceso de estatización y la titularidad de las acciones es de los españoles. Sin embargo, las dos aerolíneas insumieron al Estado 1205 millones de pesos sólo en el primer semestre del año, según se desprende de un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Antes de estas empresas, el Estado ya había estatizado varias y, de esta manera, creado nuevos rubros que se le suman al extenso listado de gasto público.
En algunos casos hubo estatizaciones directas. El espacio radioeléctrico, que perteneció a Thales Spectrum; el servicio de aguas y cloacas, controlado hasta 2006 por Aguas Argentinas y después de eso por Agua y Saneamientos (AySA); el correo, de Francisco Macri; los ramales ferroviarios San Martín y Belgrano Cargas, y Astilleros Tandanor.
También hubo creaciones del kirchnerismo, como la petrolera Energía Argentina (Enarsa) y Líneas Aéreas Federales (Lafsa), la aerolínea que se creó en la última semana del gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde, por pedido del entonces ex presidente electo, Néstor Kirchner.
Sólo por dar algunos datos, Enarsa tuvo subsidios por 740 millones de pesos en el primer semestre; AySA recibió 442,2 millones de pesos; Ferrocarril Belgrano, que es el que tomó a los empleados que antes trabajaban en Transporte Metropolitano, 390 millones de pesos, y a Cammesa, una empresa privada que es manejada por el Estado y que se utiliza para comprar combustibles líquidos para el sector energético, fueron girados 2110 millones de pesos.
Más allá del dinero que seguramente tendrá que solventar la ruptura del contrato del fútbol, recientemente el kirchnerismo sumó otras empresas al conglomerado público.
Por gestión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, las arcas públicas se hicieron cargo de la papelera Massuh. El propio Moreno supervisa compras, ventas y ganancias de la empresa, a cambio de un alquiler que cobran los dueños.
En estos días de convulsión empresaria, no se descarta que Moreno, el gestor de los negocios oficiales, se haga cargo también de la autopartista alemana Mahle, que ya anunció en Alemania su intención de cerrar su operación en la Argentina.
Todo esto sin contar a las AFJP, que fueron liquidadas el año pasado y cuyos fondos fueron estatizados.
Cada uno de estos movimientos le valió al Estado una gran cantidad de empleados, que pasaron a engrosar la lista de empleados públicos.
Fuente: Diario LA NACION
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