Si esto es así, tan cierto, donde quedan los principios morales, éticos y políticos del ARI fueguino?...
Un informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas analiza la evolución del gasto público provincial en las últimas gestiones. El aumento resulta notable a partir de 2008 para la administración central, en detrimento de los organismos descentralizados que perciben porcentajes inferiores; mientras el Poder Judicial, Legislativo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado mantienen su estructura de gastos con relación al total provincial. El ARI aumentó de 747 millones a 1.000 millones el gasto de personal entre 2007 y 2008 y, de no acordarse más aumentos el proyectado para 2009 se habría elevado a 1.105 millones. El informe concluye que con la actual estructura de gastos las funciones primordiales del Estado, como la producción de bienes públicos en educación, salud, desarrollo social y seguridad, no pueden ser cumplidas
Río Grande.- El Centro de Investigaciones Sociales y Ec
onómicas dio a conocer su primer informe con el análisis del gasto público provincial y su evolución en los últimos años. La organización, que pertenece a la Fundación Despertares, realiza actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento y organización de eventos (congresos, seminarios, publicaciones, concursos, etc.) que tengan incumbencia con la actividad económica dentro de la región Patagónica. Mediante este informe y los que le sucederán, intenta aportar al esclarecimiento de los temas que preocupan a la comunidad.El desborde
Con la premisa de que el gasto público es una de tantas variables que deben tenerse presentes al momento de abordar una determinada política económica gubernamental, el C.I.S.E. analizó la evolución en las últimas cuatro gestiones, a partir de datos oficiales como leyes de presupuesto, datos de la página web de la Dirección de Rentas, de las cuentas de Ejercicio 2007 y 2008, del sistema de Información Pública, de la página web del gobierno de Tierra del Fuego y relevamientos propios.
Salvo la gestión del ARI, las tres que los precedieron contaron con sus respectivas leyes de presupuesto aprobadas, tal como dispone la Constitución en su artículo 67, la Ley de Administración Financiera N° 495 y demás normativa reglamentaria, entre las cuales se prevé la posibilidad de reconducción del presupuesto para el próximo ejercicio cuando al 31 de diciembre no haya sido aprobada la nueva Ley. Una alternativa de la que hizo uso y abuso esta gestión.
Es así que durante los ejercicios financieros 2008 y 2009 se ejecutó el presupuesto reconducido del año 2007, tras presentar proyectos inviables, que la Legislatura decidió no aprobar:
“El proyecto de presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio 2008 implicaba un incremento del 81% respecto del anterior. Es decir que, si el presupuesto 2007 aprobaba un gasto de $1.432,50 millones de pesos, el proyecto para el 2008 implicaba un gasto de $2.592 millones, incremento que técnicamente es de difícil viabilidad y que no fue aprobado por el Poder Legislativo”, señala el informe.
También recuerda los parámetros de incremento que fija la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, basados en el crecimiento del PBI, inflación, etc., “que en ese caso no podía superar con mucho énfasis el 20%, establece límites al endeudamiento en no más del 15% de los Ingresos corrientes y no permite déficit al cierre del Ejercicio entre otras cosas. El hecho de incumplir estas pautas lleva aparejada la imposibilidad de acceder a Programas de Asistencia Financiera”. El cálculo erróneo del proyecto de presupuesto 2008 quedó demostrado en el corto plazo: “La ejecución presupuestaria real del ejercicio 2008 implicó una recaudación de $1.632 millones con cuyos recursos el Gobierno no pudo hacer frente a todas las obligaciones y generó una deuda de aproximadamente $283 millones, déficit que financió básicamente con el dinero del IPAUSS, Municipios y Proveedores del Estado. Esta ejecución demuestra que si sumamos la recaudación y el déficit, estamos hablando de un presupuesto de $1.910 millones y no de $2.592 millones. Incumpliendo además los parámetros de la Ley de responsabilidad fiscal”.
El informe subraya que el presupuesto, por definición, es “el plan de gobierno o plataforma electoral traducida en cifras que expresan la política fiscal para recaudar y la forma en que se distribuirán esos ingresos para la producción de bienes públicos que satisfagan las necesidades de la población”, por lo que si de no contar por dos ejercicios con esta herramienta programática y financiera, “cualquier administración pública del mundo estaría a la deriva”.
Salvo la gestión del ARI, las tres que los precedieron contaron con sus respectivas leyes de presupuesto aprobadas, tal como dispone la Constitución en su artículo 67, la Ley de Administración Financiera N° 495 y demás normativa reglamentaria, entre las cuales se prevé la posibilidad de reconducción del presupuesto para el próximo ejercicio cuando al 31 de diciembre no haya sido aprobada la nueva Ley. Una alternativa de la que hizo uso y abuso esta gestión.
Es así que durante los ejercicios financieros 2008 y 2009 se ejecutó el presupuesto reconducido del año 2007, tras presentar proyectos inviables, que la Legislatura decidió no aprobar:
“El proyecto de presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio 2008 implicaba un incremento del 81% respecto del anterior. Es decir que, si el presupuesto 2007 aprobaba un gasto de $1.432,50 millones de pesos, el proyecto para el 2008 implicaba un gasto de $2.592 millones, incremento que técnicamente es de difícil viabilidad y que no fue aprobado por el Poder Legislativo”, señala el informe.
También recuerda los parámetros de incremento que fija la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, basados en el crecimiento del PBI, inflación, etc., “que en ese caso no podía superar con mucho énfasis el 20%, establece límites al endeudamiento en no más del 15% de los Ingresos corrientes y no permite déficit al cierre del Ejercicio entre otras cosas. El hecho de incumplir estas pautas lleva aparejada la imposibilidad de acceder a Programas de Asistencia Financiera”. El cálculo erróneo del proyecto de presupuesto 2008 quedó demostrado en el corto plazo: “La ejecución presupuestaria real del ejercicio 2008 implicó una recaudación de $1.632 millones con cuyos recursos el Gobierno no pudo hacer frente a todas las obligaciones y generó una deuda de aproximadamente $283 millones, déficit que financió básicamente con el dinero del IPAUSS, Municipios y Proveedores del Estado. Esta ejecución demuestra que si sumamos la recaudación y el déficit, estamos hablando de un presupuesto de $1.910 millones y no de $2.592 millones. Incumpliendo además los parámetros de la Ley de responsabilidad fiscal”.
El informe subraya que el presupuesto, por definición, es “el plan de gobierno o plataforma electoral traducida en cifras que expresan la política fiscal para recaudar y la forma en que se distribuirán esos ingresos para la producción de bienes públicos que satisfagan las necesidades de la población”, por lo que si de no contar por dos ejercicios con esta herramienta programática y financiera, “cualquier administración pública del mundo estaría a la deriva”.
Evolución e involuciones
El Poder Ejecutivo tenía asignado en el año 2000 el 64% del total del gasto y, entre el resto de los Poderes y Organismos de Control gastarían menos de un 8%. Ese mismo año los Organismos Descentralizados en conjunto representaban el 28% del total del gasto presupuestado.
La Ley N° 616 –presupuesto 2004- incrementó la relación del gasto del Poder Ejecutivo al 79%, en detrimento de los Organismos Descentralizados que bajaron al 14% del total. Mantuvieron la relación el resto de los Poderes y Organismos de Control, que en suma gastarían menos del 8%.
En el ejercicio 2006, la Ley de presupuesto N° 702 establecía un gasto del Poder Ejecutivo que representaba el 72% del total de gasto del año. Ese presupuesto redujo del 4% al 3% el presupuesto histórico del Poder Judicial, manteniendo en el 2% el Poder Legislativo, el 1% el Tribunal de Cuentas y menos del 1% la Fiscalía de Estado.
La administración actual debe ser analizada en función de la real ejecución presupuestaria ya que, como fuera dicho, el Ejercicio 2008 no contó con Ley de Presupuesto y tampoco el 2009 tiene presupuesto aprobado.
Según se observa en el cuadro N° 2 el Poder Ejecutivo ejecutó el 82% del gasto total provincial, incrementando la participación en 10 puntos respecto de 2006 y 18 puntos respecto del año 2000. Los Poderes Judicial y Legislativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas mantuvieron en conjunto el porcentaje histórico inferior al 8% del total del gasto, y fueron los organismos descentralizados quienes vieron disminuidas sus posibilidades de producir bienes y servicios públicos, dado que su participación en conjunto en el gasto total se detrajo al 11%.
El incremento del gasto o uso de recursos por parte del Poder Ejecutivo se relaciona directamente con una disminución del uso de los recursos que generan los organismos descentralizados, que a lo largo de los años han sido desfinanciados, trasladando los recursos al Poder Ejecutivo. El conjunto de organismos descentralizados y Empresas del Estado han disminuido su relación del 28% en 2000 a 11% en 2008.
La Ley N° 616 –presupuesto 2004- incrementó la relación del gasto del Poder Ejecutivo al 79%, en detrimento de los Organismos Descentralizados que bajaron al 14% del total. Mantuvieron la relación el resto de los Poderes y Organismos de Control, que en suma gastarían menos del 8%.
En el ejercicio 2006, la Ley de presupuesto N° 702 establecía un gasto del Poder Ejecutivo que representaba el 72% del total de gasto del año. Ese presupuesto redujo del 4% al 3% el presupuesto histórico del Poder Judicial, manteniendo en el 2% el Poder Legislativo, el 1% el Tribunal de Cuentas y menos del 1% la Fiscalía de Estado.
La administración actual debe ser analizada en función de la real ejecución presupuestaria ya que, como fuera dicho, el Ejercicio 2008 no contó con Ley de Presupuesto y tampoco el 2009 tiene presupuesto aprobado.
Según se observa en el cuadro N° 2 el Poder Ejecutivo ejecutó el 82% del gasto total provincial, incrementando la participación en 10 puntos respecto de 2006 y 18 puntos respecto del año 2000. Los Poderes Judicial y Legislativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas mantuvieron en conjunto el porcentaje histórico inferior al 8% del total del gasto, y fueron los organismos descentralizados quienes vieron disminuidas sus posibilidades de producir bienes y servicios públicos, dado que su participación en conjunto en el gasto total se detrajo al 11%.
El incremento del gasto o uso de recursos por parte del Poder Ejecutivo se relaciona directamente con una disminución del uso de los recursos que generan los organismos descentralizados, que a lo largo de los años han sido desfinanciados, trasladando los recursos al Poder Ejecutivo. El conjunto de organismos descentralizados y Empresas del Estado han disminuido su relación del 28% en 2000 a 11% en 2008.
El gasto en personal: La Casa de Gobierno en Ushuaia, parace un Hotel en expansión. Con este ritmo, más allá del photoshop, seguramente llegaremos a esta postal.
Durante los años 2000 al 2003 se mantuvo constante la cantidad máxima de personal autorizada por las distintas leyes de presupuesto. La Ley N° 616 (2004) autorizó un pequeño incremento, en 174 plantas, hasta que la ley N° 661 (2005) impulsada por la Administración Colazo, incrementó las plantas en más de 4.000 personas, conocido como el “Megapase”.
Evidentemente este incremento brusco de la cantidad de personal no ha sabido ser superado por las diferentes administraciones que lo sucedieron.
Comparando el incremento de personal relacionado con el aumento de recaudación, hay que destacar que la Ley Tarifaria corta posibilitó, en detrimento de los sectores productivos de la sociedad (productores de bienes y servicios, comercio, industria, etc.) incrementar los recursos anuales de 2008 en más de 100 millones de pesos. Pero se aplicó una política de ajuste fiscal sin haberla acompañado por un conjunto de medidas económicas y financieras que permitieran equilibrar el gasto público y comenzar el camino del balanceo fiscal.
Los gastos en Personal de la Administración Central se incrementaron de $747 millones en 2007 a $1.000 millones en 2008; es decir que sólo la Administración Central “devengó” en 2008 $253 millones más que en 2007, un aumento del 34%.
“Puede concluirse que el incremento de impuestos propiciado por la ‘Tarifaria corta’ sirvió para solventar sólo en parte los aumentos de sueldos a los empleados estatales (…) la misma merecería un amplísimo debate con los sectores productivos y motores de la economía, porque cualquier empresario que estuviera en condiciones de mejorar las condiciones laborales de sus empleados pero le incrementan los impuestos para mejorar los sueldos de los empleados estatales, siente al menos que las cargas no están balanceadas. Esta discusión permanente y no resuelta que significa no disponer para un mismo ejercicio financiero de una Ley Impositiva única, puede plantear en los sectores involucrados incertidumbre e inseguridad jurídica”, observa el informe.
En cuanto a las proyecciones para este año, si no existieran más aumentos de sueldos públicos hasta fin de 2009, el gasto proyectado total en personal de la Administración Central ya se ha elevado a $1.105 millones, es decir un 10,5% más que en 2008.
“Este incremento del gasto en personal no sería cubierto por un incremento de Recursos, ya que el proyectado a fin del año en curso no alcanzaría ese monto de incremento. Y los bienes públicos (educación, salud, desarrollo social, seguridad) que debe producir el Estado, con la actual estructura de gastos, son funciones primordiales que no pueden ser cumplidas. Por lo tanto y por definición, las necesidades de la población no son satisfechas, lo que acelera el espiral del círculo vicioso”, concluye este primer trabajo del C.I.S.E.
Fuente: Diario P23.-
Evidentemente este incremento brusco de la cantidad de personal no ha sabido ser superado por las diferentes administraciones que lo sucedieron.
Comparando el incremento de personal relacionado con el aumento de recaudación, hay que destacar que la Ley Tarifaria corta posibilitó, en detrimento de los sectores productivos de la sociedad (productores de bienes y servicios, comercio, industria, etc.) incrementar los recursos anuales de 2008 en más de 100 millones de pesos. Pero se aplicó una política de ajuste fiscal sin haberla acompañado por un conjunto de medidas económicas y financieras que permitieran equilibrar el gasto público y comenzar el camino del balanceo fiscal.
Los gastos en Personal de la Administración Central se incrementaron de $747 millones en 2007 a $1.000 millones en 2008; es decir que sólo la Administración Central “devengó” en 2008 $253 millones más que en 2007, un aumento del 34%.
“Puede concluirse que el incremento de impuestos propiciado por la ‘Tarifaria corta’ sirvió para solventar sólo en parte los aumentos de sueldos a los empleados estatales (…) la misma merecería un amplísimo debate con los sectores productivos y motores de la economía, porque cualquier empresario que estuviera en condiciones de mejorar las condiciones laborales de sus empleados pero le incrementan los impuestos para mejorar los sueldos de los empleados estatales, siente al menos que las cargas no están balanceadas. Esta discusión permanente y no resuelta que significa no disponer para un mismo ejercicio financiero de una Ley Impositiva única, puede plantear en los sectores involucrados incertidumbre e inseguridad jurídica”, observa el informe.
En cuanto a las proyecciones para este año, si no existieran más aumentos de sueldos públicos hasta fin de 2009, el gasto proyectado total en personal de la Administración Central ya se ha elevado a $1.105 millones, es decir un 10,5% más que en 2008.
“Este incremento del gasto en personal no sería cubierto por un incremento de Recursos, ya que el proyectado a fin del año en curso no alcanzaría ese monto de incremento. Y los bienes públicos (educación, salud, desarrollo social, seguridad) que debe producir el Estado, con la actual estructura de gastos, son funciones primordiales que no pueden ser cumplidas. Por lo tanto y por definición, las necesidades de la población no son satisfechas, lo que acelera el espiral del círculo vicioso”, concluye este primer trabajo del C.I.S.E.
Fuente: Diario P23.-
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