La actual gestión de Gobierno se debate en su hora más crítica entre un supuesto "complot" y una "virtual" cesación de pagos en la administración pública
El Gobierno provincial afronta serian dificultades para el pago de la segunda parte de los sueldos, de la cuota de la escolaridad que aun no se abono, como así también el pago a proveedores y la remisión de coparticipación a los municipios.Tras quedarse sin tarifaria corta, con el convenio chino fuertemente cuestionado por los organismos de contralor y aun sin recibir el adelanto de coparticipación de 40 millones solicitados a la Nación, no revela otras alternativas para generar recursos.
Lejos de encontrar una salida a la profunda crisis económica, el Gobierno se debate entre sus propias limitaciones y las que le marca una oposición y una sociedad ya no tan dispuestos a otorgar plazos como en la primera etapa de la gestión. Y que reclaman que lleguen las soluciones y se dejen de lado los argumentos rayanos en la victimización sobre los cuales parece descansar hoy el ARI para recuperar aire.
El Estado provincial se encuentra en una virtual cesación de pagos. Afronta serias dificultades mes a mes para hacer frente a la liquidación de los salarios; los proveedores desfilan sin suerte por Casa de Gobierno sin posibilidad alguna de ver liberados sus pagos; los municipios sufren en carne propia las demoras en la remisión de la coparticipación, a tal punto de financiar a riesgo de déficit propio el de la Provincia, además de requerir el pago de la deuda histórica; la obra pública está paralizada; los sectores de la producción y el comercio reclaman medidas de frente a la coyuntura y el Gobierno nacional limita su ayuda económica al otorgamiento de adelantos de coparticipación, que no son más que parches a devolver en corto plazo y mediano plazo.
Con un déficit mensual de alrededor de 50 millones de pesos, el Gobierno afronta además un recrudecimiento de los reclamos sindicales. Los distintos gremios estatales piden el cumplimiento de acuerdos salariales y la apertura de negociaciones que quedaron pendientes del año pasado, además de solicitar una recomposición que permita hacer frente al incremento del costo de vida.
Tampoco se puede soslayar el desgaste político que sufre la gestión Ríos, y los ejemplos de ello son varios.
En la Legislatura el ARI no logra los consensos para aprobar la nueva ley de obligaciones tributarias ni tampoco los obtuvo para alcanzar la prórroga de la tarifaria corta. Según la gobernadora Ríos y el ministro de Economía, Roberto Crocianelli, la caída de la ley corta significará una merma en los ingresos de entre 170 y 200 millones de pesos anuales, por lo que plantearon la necesidad de establecer prioridades y desafiaron a la oposición a definir en qué sectores habrá que ajustar. Desde los distintos bloques la respuesta fue contundente: la responsabilidad de determinar la política económica, y por ende la de elaborar un presupuesto que contemple esos recortes es del Ejecutivo. Además, la oposición reclamó información fehaciente sobre las finanzas provinciales para poder avanzar en el análisis de los números del año en curso.
Otra discusión que tiene a maltraer al Gobierno es la del convenio firmado con empresarios chinos para el desarrollo de una planta de metanol en el norte provincial. Se trata de una herramienta en la que la gestión Ríos tiene cifradas grandes esperanzas como generadora en corto plazo de recursos que le permitan financiarse ya que le reportaría, de concretarse, una suma cercana a los 100 millones de pesos por la venta de gas que la empresa necesitará para su funcionamiento y producción.
Sin embargo, este proyecto que en un principio parecía marchar viento en popa chocó contra un lapidario informe en su contra del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, que desaconsejaron la firma del acuerdo correspondiente en virtud de una serie de irregularidades respecto a los términos y condiciones del contrato.
Pese a ello, tanto la gobernadora como varios de sus principales funcionarios afirmaron que se seguirá adelante ya que entienden que no hay irregularidad alguna y que si las hay serán salvadas.
Lo cierto que esta situación ya derivó en un allanamiento de la Justicia a la sucursal de Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego y lo mismo sucedería en el Ministerio de Economía y la Secretaría de Hidrocarburos. Esto es a instancias del abogado riograndense Alejandro de la Riva, quien denunció que la firma de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química SA depositó 3 millones de dólares en el marco del convenio, y esos fondos no fueron a para a una cuenta específica creada a tal fin si no a la Cuenta Única del Tesoro. Y que por eso dichos recursos fueron pasibles de ser utilizados con otros fines, como el pago de salarios. El Gobierno lo desmintió de inmediato, pero la duda está instalada y el proceso es al menos desprolijo.
El otro ícono del desgaste político del Gobierno es el enfrentamiento con los gremios. Las idas y vueltas de las partes evitan cualquier posible resolución del conflicto y las intentonas del ARI de achacarle la responsabilidad del estancamiento a la dirigencia sindical cayeron en saco roto. Las instancias de diálogo se abren y se cierran casi simultáneamente y sobran las acusaciones mutuas.
La percepción de la sociedad es más que ajustada. Una encuesta publicada la semana pasada por el diario Tiempo Fueguino daba cuenta que el 70 por ciento la sociedad está cansada de las medidas de fuerza, pero en mayor medida culpó al Gobierno por no encontrar soluciones.
En este contexto, el principal argumento del Gobierno a la hora de dar explicaciones es la existencia de un complot multisectorial que incluye a empresarios, políticos, sindicalistas y medios de comunicación que fomentan un quiebre institucional.
Este argumento se suma al de la herencia recibida de gestiones anteriores y al supuesto apoyo mayoritario de los fueguinos a la gestión de Ríos.
Agitar fantasmas golpistas es un grave error del oficialismo, ya que es necesario que Ríos termine su mandato afrontando los costos políticos que deba afrontar, y será el electorado el que en 2011 defina si el ARI hizo bien o mal las cosas. Pero más allá de eso, esos argumentos del ARI no alcanzan para justificar la marcha de una gestión que hasta el momento no pudo ni supo revertir el rumbo económico, y que más allá de lo salarial debe afrontar otros reclamos sectoriales.
Echar culpas a la oposición legislativa, a la prensa, a los sindicatos, a determinados dirigentes políticos, plantear dicotomías del tenor de "todos contra nosotros" no es constructivo ni conveniente, más allá de las responsabilidades que a cada uno de esos sectores les cabe.
Lejos quedó aquél inicio esperanzador que invitaba a soñar con una nueva etapa en la provincia. Habrá que ver qué hace el Gobierno para que aquellas esperanzas se concreten.
Fuente: Crónicas Urbanas Fueguinas
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