Se quejará por carta del nombramiento; dice que no fue consultado y que aún es dueño de la empresa.Diario La Nación
El grupo español Marsans, dueño legal de Aerolíneas Argentinas a pesar del fervor nacionalizante del Gobierno y los gremios, analiza enviar en las próximas horas una carta de queja al directorio de la empresa: objetará la designación del nuevo presidente, Mariano Recalde, hijo del abogado de la CGT, Héctor Recalde.
Marsans cree que el nombramiento, anunciado ayer, es ilegítimo porque se hizo mediante una asamblea de la que no participó nadie de Interinvest, la firma con que sigue controlando Aerolíneas, todavía en proceso de expropiación. La asamblea se desarrolló el lunes pasado y podría ser definida por los españoles como "autoconvocada", una figura para la que la ley de sociedades establece determinadas condiciones.
No hay cosas simples para la línea de bandera en estos días, mientras se empiezan a delinear los trazos de la nueva administración, el último gesto de benevolencia que el Gobierno le hizo a Hugo Moyano, líder de la CGT, fortalecido tras el alejamiento de Julio Alak. El episodio más reciente y ejemplificador: anoche, Jorge Pérez Tamayo, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el hombre más poderoso de Aerolíneas y por ahora aliado de Moyano, pidió la renuncia de Juan De Dios Cincunegui y Gustavo Simeonoff, dos de los cinco directores. Al cierre de esta edición, ambos seguían en los cargos.
Mientras tanto, el vuelo de Buenos Aires a Roma se cancelaba ayer por segunda vez en 24 horas por un desperfecto en un Airbus 340 que tuvo que aterrizar anteayer con tres motores (uno menos) procedente de Miami. El inconveniente obligará a reprogramar también el vuelo de hoy a Barcelona. El de Miami tampoco salió anoche: lo hará a las 8 de hoy.
Recalde asumió con críticas hacia medios de comunicación no especificados. "Hay algunos interesados en que a Aerolíneas le vaya mal", dijo, y se quejó de la reciente publicación de un estudio que mostraba problemas de puntualidad. "Este tipo de informaciones perjudican a Aerolíneas y a Austral porque desalientan la venta de pasajes".
En efecto, las cuentas no vienen bien: las últimas cifras internas disponibles mostraron, en mayo, una pérdida operativa consolidada de US$ 52 millones, 1,7 millones por día. El monto no incluye la compra de aviones. Alak explicó esta semana que la mitad había correspondido a inversión que Marsans no hacía, pero no dio detalles. Aerolíneas no ha presentado en el último año un solo balance, algo que las compañías de todo el mundo, privadas o estatales, hacen cada tres meses.
El Gobierno ensayaba anoche lo que contestará a la queja de Marsans. Rafael Llorens, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Planificación, explicó ya sus argumentos dentro de la compañía y del Gobierno: la ley de expropiación de Aerolíneas, aprobada por el Congreso el año pasado, le da al Gobierno todos los derechos políticos y patrimoniales de las acciones sujetas a expropiación.
No fue ése el argumento utilizado el 5 de febrero pasado, cuando se designó a Alak: entonces, se pidió la aprobación de Marsans. Es en realidad un resguardo ante eventuales cuestionamientos de firmas de alquiler de aviones, muchas de las cuales exigen que los contratos se aprueben en asambleas bien constituidas. Así lo hizo meses atrás, por ejemplo, la brasileña Embraer, que le venderá 20 aeronaves E190 a Aerolíneas.
De todos modos, en el Gobierno estaban anoche muy tranquilos al respecto. Recalde ya introdujo en Aerolíneas más de diez colaboradores que reemplazarán a ejecutivos que respondían a Alak y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a los que ya se les adelantó que tendrán que irse. Son, en la mayoría de los casos, cargos políticos por fuera de la plantilla de empleados.
Francisco Olivera
LA NACION
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